De los 5 años de Italia a los 50 de Francia: cuándo prescriben los secretos oficiales en Europa

A la espera de que el Gobierno registre la propuesta de una nueva ley de secretos oficiales, la norma de 1968 ha vuelto a suscitar la polémica sobre el plazo en el que prescribe la clasificación de estos documentos, y más al compararla con la de otros países de Europa. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en su comparecencia en el Congreso del 26 de mayo una nueva propuesta legislativa, aunque todavía no se ha concretado. 

Esta ley permite mantener clasificados documentos o informaciones de las que se considere que su conocimiento pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado. En estas casuísticas se recoge, además, toda la labor que hagan los servicios de inteligencia.

[La Ley de Secretos Oficiales, una norma preconstitucional en deuda con la transparencia]

La ley actual de España, que se consolidó en 1968, diez años antes de la aprobación de la Constitución, no plantea un mecanismo específico para desclasificar documentos. Es decir, hay elementos que pueden ser considerados secretos siempre. Otros países europeos como Francia, Italia, Reino Unido o Alemania, sí ponen un plazo límite en su ley de secretos oficiales, aunque en varias ocasiones se puede ir ampliando.

Los secretos oficiales no prescriben en España al contrario de lo que sucede en otros países europeos

La disciplina de la ley de secretos oficiales es “normalmente la misma” en la mayoría de los países de Europa, según explica Alessandro Demurtas, profesor de Relaciones Internacionales y Comercio Internacional en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Es decir, un artículo constitucional otorga al Gobierno poderes para imponer el secreto oficial o secretos de Estado en ciertos asuntos por justificaciones de seguridad pública, seguridad nacional, y orden público, entre otros, según comenta Demurtas.

Sin embargo, la ley española difiere con la de países próximos en la prescripción de los secretos oficiales. La mayor parte de los países establecen un periodo –normalmente de varias décadas– tras el cual se deben desclasificar los secretos. 

En su artículo 3, la ley española establece que “siempre que ello sea posible” la autoridad a la que corresponde la calificación debe indicar el plazo de duración de la misma. Así, la ley omite establecer la desclasificación automática de los papeles a partir de unos plazos determinados de tiempo. Por ello, el añadir una fecha de caducidad al secreto no es una obligación, sino una sugerencia.

Francia y Alemania: los secretos oficiales pueden durar de 30 a 100 años, según el país

En Francia la ley de secretos oficiales marca un período de acceso de 50 años para los documentos cuya comunicación vulnere el secreto de la defensa nacional. O 100 años para aquellos cuya comunicación pueda afectar a la vulneración de la seguridad de individuos nombrados o fácilmente identificables, como recoge el Consejo de Estado en su web. 

Según la ley del país galo, puede denegarse la comunicación de documentos “cuando pueda perjudicar el ejercicio de las actividades soberanas del Estado y el interés general”.

Por su parte, Alemania mantiene clasificada la información durante 30 años, a no ser que requiera de una extensión. Aun así, este país de Europa pone el límite a los secretos oficiales en 60 años, como recogen las Instrucciones Administrativas Generales para la protección física y organizativa del material clasificado del Gobierno alemán (p. 5).

Además, la norma recoge que la información se clasifica “de acuerdo con su necesidad de protección por una agencia federal oficial o a pedido de esta” y si el conocimiento por parte de personas no autorizadas pudiera ser perjudicial para los intereses de la República Federal de Alemania. Existen cuatro grados de secreto: alto secreto, secreto, confidencial y solo para uso oficial.

Reino Unido e Italia: excepciones de desclasificación por la seguridad del Estado

En Reino Unido existe la Freedom of Information Act, que se aprobó en el año 2000 y “crea un derecho general de acceso a todo tipo de información registrada en poder de la mayoría de las autoridades públicas del Reino Unido”. De esta forma el país trata de fomentar la transparencia de sus instituciones.

Sin embargo, también existe una ley de secretos oficiales, la Official Secrets Act 1989, que ponía el límite para acceder a la información entre 30 y 40 años años. Posteriormente, sus enmiendas hicieron que la información pasara a desclasificarse en 20 años, como recoge la norma Public Interest Disclosure Act 1998 y un análisis del Parlamento británico (p. 41). Las excepciones que recoge la ley están relacionadas con la protección de la seguridad del Estado.

Por su parte, en Italia, los documentos se clasifican en cuatro tipos: reservado, confidencial, secreto y alto secreto, según la ley. Esta clasificación está determinada por la magnitud del daño que podría hacer la divulgación no autorizada de la información al Estado italiano o a estados miembros de la OTAN.

En principio, los secretos oficiales italianos deben desclasificarse a los cinco años si son de nivel inferior, y cinco años después “cesa, en cualquier caso, cualquier restricción de clasificación”, como recoge la norma. No obstante, este proceso puede prorrogarse hasta los 15 años por orden del primer ministro del país. Los secretos también pueden ser revelados por una orden judicial, siempre y cuando no vaya en detrimento de la seguridad del Estado.

Estados Unidos: clasificados hasta los asuntos relacionados con extraterrestres

Demurtas explica que, en general en los distintos países, el poder ejecutivo puede clasificar como secreto “no quiero decir ‘todo lo que quiera’, pero sí una buena parte en temas relacionados con inteligencia, temas militares…”. Por ejemplo, fuera de Europa, “en Estados Unidos están clasificados incluso temas que tengan que ver con alienígenas por seguridad nacional”, comenta. Sobre esta temática son algunos de los más de 930.000 documentos de la CIA que la organización desclasificó en 2017. 

A diferencia de los países de Europa mencionados, en Estados Unidos, el plazo de reserva de los secretos oficiales es de 25 años, con opción tanto a revisión para reducir el tiempo como a prórroga. Sin embargo, como explica su Ministerio de Justicia, “ninguna información puede permanecer clasificada indefinidamente”. No obstante, en función de la sensibilidad de la información, el periodo puede prolongarse unos 50 años adicionales. 

Por ejemplo, la información que “revele de manera clara y demostrable la identidad de una fuente humana confidencial o una fuente de inteligencia humana” se puede mantener clasificada “hasta 75 años”.

Qué debería introducir la nueva ley española de secretos oficiales según los expertos

A la hora de desclasificar secretos, Patricia González, investigadora de la organización Access Info, explica a Newtral.es que “es imprescindible que la nueva norma incluya una disposición que señale que en aquellos casos donde se haga una solicitud de acceso a la información sobre documentos considerados como clasificados, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tenga poder de supervisión, que le permita verificar si efectivamente se puede o no conceder el acceso a la información”. 

Según González, esta “no sería una disposición exagerada”, ya que “algunos países contemplan esta facultad”. “En Eslovenia se le otorga al Comisionado de Transparencia y en México, al Comité de Transparencia, que puede acceder a información clasificada e, incluso, en algunos casos, tiene la capacidad de desclasificar la información”. Otros países, como República Checa y Nueva Zelanda, otorgan este poder de supervisión a los defensores del pueblo, explica.