La tumba de Franco sigue costando dinero público: más de 60.000 euros para 4 años de seguridad en Mingorrubio

El traslado de los restos de Franco, según palabras del propio Pedro Sánchez, es “por lo que será recordado” su Gobierno. Y ese recuerdo tendrá reflejo en las cuentas públicas: la titularidad de la nueva tumba sigue siendo del Estado, que se hace cargo con dinero público de los gastos de mantenimiento, limpieza y seguridad.

De hecho, este último servicio fue adjudicado sin concurso público a una unión de tres empresas, una de ellas propiedad de una exconcejala del Partido Popular en Alcorcón durante la alcaldía de David Pérez, actual consejero de Transportes de Ayuso. 

A quién pertenece el panteón en el que está enterrado el dictador

Los restos de Francisco Franco se trasladaron el 24 de octubre de 2019 desde la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos hasta el cementerio de El Pardo-Mingorrubio.

Aunque este cementerio pertenecía a Patrimonio Nacional, en mayo de 2019 el Gobierno publicó un Real Decreto para quitarle los derechos funerarios sobre un solo panteón en específico, que meses después sería destinado a los restos de Francisco Franco. Así, pasó a integrarse en el patrimonio de la Administración General del Estado (AGE), que lo gestiona ahora y se hace cargo de su coste. 

Sin embargo, el nombre del dictador no aparece en ninguno de estos documentos o en el portal de contratación: todos hacen referencia a la unidad de enterramiento “PA71 ACAPIL1 A 421429-8”. 

Además, una respuesta parlamentaria del Gobierno al senador Carlos Mulet en octubre de 2021 reveló que la administración y gestión de la unidad de enterramiento costaba 123,84 euros anuales a SEGIPSA (Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio). También estimó en 360 euros al año la limpieza, aunque no es un contrato periódico sino, según aclararon, para trabajos puntuales. 

La seguridad de la tumba de Franco: los 68.684 euros de dinero público adjudicados sin publicidad

En marzo de 2020 se formalizó el contrato del servicio de seguridad con ARIPREM por 51.546 euros con impuestos para dos años. Se trata de una unión temporal de tres empresas, lo que significa que actúan como una sola para un proyecto determinado. 

No fue un procedimiento abierto, ya que se negoció sin publicidad, lo que significa que el propio Gobierno “invita” a las empresas que cree convenientes. En este caso solicitó a ocho, de las que se desconocen sus nombres, pero solo recibieron dos ofertas. 

El contrato caducó este 2022, por lo que el Gobierno decidió prorrogarlo por dos años más. Sin embargo, para este nuevo periodo, a pesar de ser el mismo, la cuantía fue menor a la anterior: 17.138 euros. Así, el total para los cuatro años de duración del contrato son 68.684 euros. 

Pero en la respuesta parlamentaria al senador Mulet de octubre de 2021, el Gobierno apuntó que el servicio de seguridad de la tumba de Franco les costaba 714,12 euros al mes de dinero público —que sumado a dos años da el importe de los 17.138 euros—, sin tener en cuenta todo lo gastado anteriormente. 

Además, en esa fecha aún no se había publicado el acuerdo en el portal, y según el contrato este nuevo importe era a partir del 11 de marzo de 2022. Así, si se divide el importe total adjudicado entre los cuatro años, la cifra serían 1.430 euros mensuales para la seguridad del panteón. 

Ariete Seguridad, una de las adjudicatarias, pertenece a una exconcejala del Partido Popular

Una de las integrantes de la unión de tres empresas adjudicatarias de la seguridad es la compañía Ariete Seguridad, cuya administradora única es Silvia Cruz Martín, una exconcejala del Partido Popular en Alcorcón entre 2011 y 2017. 

Fue durante la alcaldía de David Pérez, quien pasó en 2019 a ser consejero de Vivienda y Administración Local del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, puesto por el que renunció a repetir como candidato al ayuntamiento de Alcorcón. Actualmente es consejero de Transportes e Infraestructuras.

La empresa, además, es adjudicataria de otros contratos de seguridad en la Comunidad de Madrid, como el servicio de vigilancia del patrimonio de la Agencia de Vivienda Social para tres años por 6,5 millones de euros o el del Hospital Isabel Zendal, que fue adjudicado directamente a la empresa —sin abrir concurso— por 808.198 euros para seis meses.

6 años trabajando x y para #Alcorcón con gran alcalde y mejor persona: @davidperez, ej de trabajo y cuya amistad permanecerá siempre.Gracias pic.twitter.com/xBZwQA13QA

— Silvia Cruz (@SilviaCruzM) August 3, 2017

La familia tiene que solicitar la llave a las administraciones para visitar la tumba

Además, tal y como recoge EuropaPress, existen tres copias de la llave que abre el panteón donde está enterrado el dictador. Una es del cementerio, otra de la Delegación del Gobierno de Madrid y otra de Patrimonio Nacional.

Así, cuando los familiares quieren acudir a visitarlo, deben avisar con antelación para que el personal de seguridad deje que accedan, según lo citado por la agencia.