Preguntas y respuestas sobre la suspensión de Telegram en España: qué implicaciones podría tener para la empresa y sus usuarios

La suspensión temporal de Telegram ordenada por la Audiencia Nacional todavía no se ha ejecutado. La app sigue activa en España y las operadoras de telecomunicaciones no han recibido aún el mandato de bloquearla, como adelanta la Agencia EFE. 

Contexto. Esta resolución judicial parte de una denuncia presentada por Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus por un presunto uso no autorizado de contenido audiovisual sometido a derechos de autor que se estaría publicando en la aplicación, como contamos aquí.

Con todo, la decisión del juez Santiago Pedraz ha sido criticada por algunas asociaciones del sector de las TIC, como el Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería de España, que la ha calificado de “desmedida”. Pero ¿cómo se materializa esta prohibición y qué dificultades puede tener hacerlo?

Las claves de la suspensión de Telegram: ¿quién se hace responsable de los contenidos ilícitos que se comparten?

Aunque en países como China o Pakistán los gobiernos han intervenido para suspender los servicios de Telegram, en España (en su caso, por orden judicial) es algo novedoso.

“No es habitual [que se prohíba su uso] en estas circunstancias porque, en principio, las plataformas no son responsables del contenido que circula por la aplicación que sea generado por terceros. De hecho, lo habitual es que se requiera a las empresas que aporte datos de usuarios, no conteste y no se acabe adoptando ninguna medida por parte del juzgado”, explica David Maeztu, abogado especialista en nuevas tecnologías, a Newtral.es. Esto es así “salvo que tengan conocimiento de que el contenido es ilícito y no hagan nada por retirarlo”, añade.

En sus términos de uso, Telegram explica que al registrarse, cada usuario acepta sus políticas de privacidad, que prohíben, entre otras cosas, usar la app para enviar contenidos ilícitos (violentos, pornográficos, etc). Y aunque la empresa se acoge al Reglamento de Servicios Digitales de la UE, que obliga a las plataformas a controlar estos contenidos, reconoce que “los chats y los grupos son territorio privado de sus respectivos participantes”.

En Brasil, por ejemplo, también se decretó la suspensión de Telegram, que quedó restringido el año pasado de manera temporal por negarse a revelar información sobre grupos de extrema derecha que utilizaban el servicio. Pero el servicio fue de nuevo restaurado por el juez, aunque la compañía ha sido multada a pagar 200.000 dólares.

¿Puede esta medida evitar que se sigan consumiendo contenidos de forma ilícita?

Maeztu también advierte del efecto rebote que puede provocar la suspensión de Telegram: “Técnicamente, el que quiera usar la aplicación seguirá usándola porque, por diseño, está preparada para superar este tipo de bloqueos. De hecho, lo que va a provocar es que mucha gente que no sabía que esos contenidos estaban en Telegram ahora lo conocerá y sabrá cómo acceder a ellos”.

En ese sentido, en las últimas horas se han compartido tutoriales en redes sociales para aprender, por ejemplo, a utilizar una VPN, una red privada virtual que te permite conectarte a internet mediante un servidor con una IP diferente, normalmente en otro país en el que la información viaja cifrada, como explicamos aquí.

El presidente del Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería de España, Fernando Suárez, también apunta en un comunicado a la falta de precisión de la suspensión de Telegram tal y como está planteada: “Es como si se decidiera cerrar completamente una provincia de nuestro país porque dentro del territorio se produjese un caso de narcotráfico o un robo (…) Dejar sin comunicación a millones de personas por un conflicto de propiedad intelectual es una medida desproporcionada”.

¿Qué puede hacer Telegram ante esta decisión judicial? 

En su auto sobre la suspensión de la app, al que ha tenido acceso Newtral.es, Pedraz señala “la falta de colaboración de las autoridades de Islas Vírgenes (donde está domiciliada Telegram)” a la hora de aportar información sobre los usuarios responsables de compartir estos contenidos. En ese sentido, como apunta Maeztu, es difícil identificar a los titulares de estas cuentas “sin la colaboración de la empresa, que es la que sabe las direcciones IP desde las que se conectan y el teléfono que se ha usado para el registro”.

Sin embargo, hay un matiz importante. “Lo que se ha enviado es una comisión rogatoria al Gobierno de Islas Vírgenes (que no ha tramitado) para que le traslade la petición a la empresa, que tiene allí su sede. Es decir, Telegram no ha hecho nada, porque no le han trasladado la petición judicial española. Por eso resulta todo más desproporcionado porque se está bloqueando una empresa por el acto de un gobierno”.